El acuerdo entre FECODE y el MEN: crónica de una rendición

El pasado 5 de julio se hizo un nuevo acuerdo entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Presentado por el recién posesionado comité ejecutivo nacional como un «hito histórico», este documento posee, tal como es habitual en la administración de Gustavo Petro, un lenguaje con el cual se busca confundir a los educadores y una exagerada amplificación de lo pactado. Pero ¿es este acuerdo tan ventajoso como lo proclama el comité ejecutivo? Tanto el ministerio como Gustavo Petro y sus seguidores de FECODE han firmado un acuerdo en el que predominan las concesiones que los negociadores sindicales realizan en nombre de los maestros, tales como la relación técnica alumno-maestro en el aula, o la subordinación del aumento de la planta docente al aumento de la cobertura. Dichas concesiones se relacionan con asuntos esenciales de nuestra lucha gremial y el «cheque en blanco» que en el punto 11 se otorga al gobierno de Gustavo Petro para una reforma educativa.

Estas facultades que se le entregan al gobierno amenazan la Ley 115 de 1994, y van más allá de la necesaria reforma al Sistema General de Participaciones, en tanto la primera constituye una conquista histórica del Movimiento Pedagógico Nacional que garantiza la autonomía escolar e impide la configuración de un currículo estandarizado, por lo que toda reforma curricular implica necesariamente su revisión, mientras que el segundo es una exigencia de FECODE desde la expedición del Acto Legislativo 01 de 2001 que eliminó el situado fiscal, con negativas y profundas implicaciones financieras para la educación pública colombiana.

Este es pues el aspecto más perjudicial y, por ende, el principal del acuerdo firmado. Representa un pase libre para una reforma curricular y educativa basada en algunos conceptos vagamente delineados, los cuales aluden a la agenda gubernamental al respecto y comienza con el reconocimiento de los denominados Diálogos Poder Pedagógico Popular como foros de debate para esta modificación. Debemos mostrar la máxima preocupación por este aspecto, ya que, si esta transformación curricular y educativa se materializa, se realizará bajo la dirección de un gobierno que ha aplaudido repetidamente la coincidencia y aprobación de sus reformas por parte de entidades como el Banco Mundial, la OCDE y el BID.

Recordemos que, en 2000, estos organismos, en una misión especial liderada por Alberto Alesina, recomendaban «romperle la espina dorsal a FECODE». Estas entidades han guiado a los gobiernos nacionales durante las últimas décadas. Por tanto, FECODE las ha identificado como los principales adversarios de una educación pública nacional, universal, de calidad, financiada íntegramente por el Estado y al servicio de los intereses nacionales.

¿Han dejado estas entidades de ser los principales promotores de las privatizaciones a nivel mundial? ¿Se ha abandonado la recomendación de hace 23 años de quebrarle la espina dorsal a FECODE? ¿Qué razones justifican que en un acuerdo aclamado como histórico, la Federación le dé carta blanca al gobierno de Petro para emprender una reforma curricular y educativa completa? ¿No debería preocuparse a nuestra Federación el hecho de que reformas como la tributaria, pensional y laboral hayan sido conocidas y aprobadas primero por estas entidades que por el propio Congreso de la República?

Este acuerdo nos lleva a una rendición, en efecto histórica, por parte de una Federación, completamente subordinada a la agenda política del gobierno nacional. Si los maestros de Colombia y los sindicatos afiliados no enfrentamos esto con un análisis minucioso y una resistencia civil organizada del magisterio, resultará en desastrosos daños para la Educación Pública Colombiana.

Por lo tanto, aunque se presente como tal, la inclusión en el acuerdo de un compromiso con la defensa del patrimonio público estatal educativo (punto 4, página 2) no ofrece ninguna garantía contra la privatización de la educación pública colombiana, dada la influencia dominante de entidades como la OCDE, el BID y el Banco Mundial en las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Esta influencia ha sido reconocida y aplaudida no solo por el propio presidente, sino también por sus ministros y defensores en el Congreso. En los demás puntos del acuerdo, que se refieren a la financiación, la jornada única, los procesos de planta, la dignificación de la profesión docente y otros, el lenguaje habitual del gobierno se refleja en un acuerdo que establece un compás de espera. Los verbos como «reactivará», «convocará» y otros, conjugados en un futuro incierto, representan la sumisión de FECODE a la agenda política y legislativa de este gobierno.