La Comisión Accidental de Seguimiento a los Acuerdos del Sector Arrocero, de la que hacemos parte, se creó para analizar la crisis estructural que atraviesan los productores de arroz y exigir el cumplimiento de los compromisos pactados tras los paros nacionales.
Se han realizado tres sesiones. En la primera sesión, el 12 de agosto, se instaló la comisión, se definieron objetivos, metodología y cronograma, además de plantear escenarios de entendimiento frente a la caída del sector y las dificultades de competitividad. Se estableció la necesidad de mayor coordinación entre el Gobierno y Senado para realizar acciones que permitan garantizar la estabilidad del sector.
En la segunda sesión, el 26 de agosto, se contó con funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Comercio, intervinieron 24 representantes de regiones y organizaciones de productores, como Fedearroz y Dignidad Arrocera, quienes dieron testimonio de la crisis ocasionada por la caída del precio de la carga de arroz pagada al productor, el incumplimiento de los compromisos pactados con el Gobierno nacional, las afectaciones por el contrabando desde Ecuador y Venezuela, los altos costos de insumos, combustibles y la TUA, la falta de liquidez por ausencia de pagos, además del incumplimiento de la Resolución 241 del 1 de agosto de 2025 por parte de la industria molinera.
En la tercera sesión, realizada el 10 de septiembre, se escuchó a representantes de Induarroz como delegado de la industria molinera, a funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Comercio, Banco Agrario y la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio). La industria expresó la necesidad de implementar el plan de ordenamiento productivo de la cadena, mejorar la competitividad y resaltó el acuerdo firmado en Yopal, Casanare, el 2 de septiembre de 2025, suscrito entre los productores, representados por Fedearroz, y la industria, con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Se concluye que existe un incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados, se denuncian prácticas abusivas por parte de la gran industria que evocó el acuerdo firmado bajo condicionamientos y no contó con la concertación directa ni con la base de los productores. No hay mejora en las condiciones desfavorables, como la suspensión de compras, la eliminación de anticipos y las presiones para bajar los precios.
La Comisión seguirá exigiendo al Gobierno el cumplimiento de los compromisos, el respeto y la aplicación de sus propias resoluciones; hará seguimiento a la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo, reclamará medidas de alivio y trabajará por reformas estructurales de largo plazo.
El arroz es un alimento esencial en la mesa de los colombianos, representa el sustento de 17 mil familias productoras, genera más de 200 mil empleos en 198 municipios y aporta más de 12 billones de pesos a la economía.
Desde nuestro sentir de lucha agraria seguiremos protegiendo los intereses de quienes cultivan el arroz y nos opondremos a las pretensiones del Gobierno de subir impuestos al diésel, la gasolina y la energía.
