Han sido noticia reciente las denuncias de la comunidad de elegibles de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– ante el exabrupto de que habiendo superado con esfuerzo los concursos de mérito, esperan desde hace meses –e incluso años– el cumplimiento de órdenes judiciales que exigen su nombramiento.
El reciente pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia, al confirmar sanciones a los directivos de la DIAN, impone cinco (5) días de arresto y una multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a cada uno, por desacatar un fallo de tutela confirmado en segunda instancia. Este es solo un ejemplo de muchos más que reafirman la gravedad de la conducta de la DIAN y sus directivos.
En este caso el incumplimiento fue tal que se libraron oficios al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá con orden de ejecutar los arrestos ordenados por el juzgado.
Pese a ello, la DIAN, sus altos directivos y su superior jerárquico, el Presidente Gustavo Petro, siguen desobedeciendo la Constitución y la ley, y las autoridades policiales no han dado cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales. Esta situación no es un hecho aislado, sino un patrón de incumplimiento sistemático que vulnera los derechos de más de 1000 elegibles directamente amparados por tutelas y de muchos más que esperan su turno en las listas vigentes.
Esta conducta constituye no solo una afrenta a la justicia y al principio de mérito en el acceso al empleo público, sino también un grave delito de fraude a resolución judicial, con implicaciones penales, disciplinarias y administrativas.
Los entes de control deben investigar y sancionar la conducta dolosa de los directivos de la DIAN, garantizando el respeto por la ley, las decisiones judiciales y el derecho de quienes, por mérito propio, ganaron el acceso a un cargo público.
Es preciso recalcar que los más de 1000 elegibles no son, ni mucho menos, enemigos de trabajadores y sindicatos al interior de la entidad, sino que hoy libran una batalla contra una dirección politiquera y unas camarillas arrodilladas que prometen lo que no pueden cumplir, para mostrar músculo a un gobierno al que se han entregado por completo.
El país no puede permitir que la desobediencia se normalice en las instituciones que deberían ser ejemplo de legalidad y transparencia.
