El aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, que fija el ingreso básico en $1.750.905, más auxilio de transporte hasta aproximarse a $2 millones mensuales, representa un alivio evidente para los trabajadores formales de menores ingresos. En términos reales, descontada la inflación esperada, se trata de uno de los incrementos más altos registrados en décadas recientes.
Desde el punto de vista social, el efecto inmediato es positivo: mejora la capacidad de consumo de los hogares asalariados y contribuye a corregir, al menos parcialmente, la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Este efecto ha sido reconocido incluso por economistas críticos del mercado laboral colombiano, como Eduardo Sarmiento, quien ha insistido en que los bajos salarios han sido históricamente un factor de debilidad de la demanda interna.
Sin embargo, el análisis económico no puede detenerse allí. El mismo Sarmiento advertía que los aumentos salariales solo son sostenibles cuando se articulan con cambios estructurales en la productividad y en la composición del aparato productivo. De lo contrario, el mayor ingreso termina diluyéndose en inflación, informalidad o menor inversión.
En esa misma línea, Salomón Kalmanovitz ha señalado de manera reiterada que el salario mínimo en Colombia cumple una doble función contradictoria: protege ingresos formales, pero también se convierte en una barrera para la formalización cuando se fija muy por encima de la productividad promedio, especialmente en regiones con tejido empresarial frágil.
Este punto es crucial para departamentos como el Cesar y ciudades como Valledupar, donde predominan micro y pequeñas empresas intensivas en mano de obra y con márgenes estrechos. En estas economías locales, una proporción significativa de los trabajadores formales devenga el salario mínimo o valores cercanos, mientras que la informalidad supera ampliamente el promedio nacional. El resultado es que el aumento beneficia de manera directa a un grupo limitado, pero eleva de forma generalizada los costos de contratación formal.
A este escenario se suma un elemento adicional de alta relevancia: el decreto de emergencia económica, que contempla un recaudo aproximado de $16 billones en nuevos impuestos, muchos de ellos de carácter indirecto. Este tipo de tributación tiende a trasladarse parcial o totalmente a los precios finales de bienes y servicios, afectando tanto a consumidores como a empresas, y reduciendo el ingreso real disponible.
Desde el punto de vista empresarial, la coexistencia de un fuerte incremento salarial con una mayor carga tributaria indirecta implica una presión simultánea sobre los costos laborales y los costos operativos. Para las micro y pequeñas empresas, que conforman la mayor parte del tejido productivo del Cesar, este doble ajuste reduce el margen de maniobra financiero, limita la capacidad de inversión y dificulta la formalización de nuevos empleos
Además, los impuestos indirectos tienden a tener un efecto regresivo: encarecen el consumo básico y erosionan parte del beneficio real que el aumento salarial busca otorgar. En la práctica, una fracción del mayor ingreso nominal de los trabajadores puede verse absorbida por mayores precios, especialmente en sectores sensibles como alimentos, transporte y servicios.
El riesgo, por tanto, no es teórico. Cuando el salario crece por encima de la productividad y, de manera simultánea, aumenta la presión fiscal sin medidas compensatorias para el sector productivo, las empresas ajustan por otras vías: postergan inversiones, reducen contratación, trasladan costos a precios o, en el peor de los casos, salen del mercado. En regiones donde la competencia con productos importados ya es fuerte, agravada por un tipo de cambio relativamente apreciado, estos ajustes pueden debilitar aún más la producción local.
Nada de esto implica que el aumento salarial sea un error en sí mismo, el problema surge cuando estas decisiones no se integran en una estrategia económica coherente, que articule política salarial, política tributaria y política productiva. Sin alivios en cargas no salariales, sin incentivos claros a la productividad y sin fortalecimiento del tejido empresarial regional, los efectos positivos tienden a ser transitorios.
El verdadero desafío para Colombia no es escoger entre trabajadores o empresarios. Es comprender que el salario digno, la sostenibilidad fiscal y la competitividad empresarial son objetivos interdependientes. Como lo han señalado economistas colombianos de distintas corrientes, sin empresas viables no hay empleo formal, y sin productividad no hay salarios reales duraderos.
Ese es el debate que debemos dar con serenidad técnica, especialmente desde las regiones, porque el desarrollo no se decreta: se construye.
Columna de opinión tomada de El Pilón.
Publicada el 30 de diciembre de 2025.
