Desde los sectores más reaccionarios de la política colombiana se ha propagado la idea de que, de algún modo, Fecode y los maestros somos responsables de las múltiples crisis del sistema educativo nacional, atribuyéndonos un control sobre la educación pública que, evidentemente, no poseemos.
Esta narrativa no es novedosa; forma parte del repertorio habitual de las clases sociales subsidiarias del imperialismo en su afán de desmantelar y erosionar los logros construidos durante décadas de esfuerzo nacional. Su objetivo es abrir el sistema educativo a la inversión extranjera multinacional, transformando el acceso a derechos y los frutos del esfuerzo colectivo de los trabajadores colombianos en nichos de rentabilidad para el capital financiero.
Este bulo va acompañado de una absoluta ignorancia respecto a las asignaciones salariales de los maestros del sector público, deliberadamente infladas por el discurso reaccionario hasta cifras estratosféricas, así como sobre las condiciones materiales en las que desempeñamos nuestra labor pedagógica, condiciones que, en nuestra calidad de empleados públicos, son responsabilidad del Estado colombiano.
Asimismo, esta falacia incluye la caracterización del magisterio colombiano como un sector social homogéneo —supuestamente compuesto en su totalidad por individuos de izquierda o extrema izquierda— que habría sustituido su misión educativa, formadora y transmisora de conocimientos científicos y técnicos, por el adoctrinamiento simplista, el supuesto reclutamiento de niños y niñas para causas subversivas, y la cooptación de las conciencias de los más jóvenes de la nación. Nada más alejado de la realidad.
Todo lo anterior persigue no solo debilitar la ascendencia social y moral de los maestros sobre la población, sino también desviar la atención pública de las paupérrimas condiciones del sistema educativo, sometido durante décadas a desfinanciamiento y a la precarización pedagógica y didáctica por parte de los sucesivos gobiernos.
En este contexto de ataque sistemático, resulta particularmente grave el papel desempeñado por el Comité Ejecutivo Nacional de Fecode durante la presidencia de Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Al situarse como primera línea de defensa del gobierno, ha echado por la borda décadas de labor patriótica en defensa de una educación pública científica, democrática y al servicio del pueblo colombiano, los derechos del magisterio, la cultura y la soberanía nacional.
Esta sumisión acrecienta la credibilidad de lo que siempre ha sido un bulo contra la fortaleza patriótica del magisterio, debilitando su capacidad para cumplir con sus tareas misionales como históricamente lo ha hecho.
Gestas históricas como la Marcha del Hambre de 1966; la lucha que posibilitó la expedición del Decreto 2277 de 1979 —que dio inicio al proceso de profesionalización docente en el país—, o el movimiento pedagógico que desembocó en la aprobación de la Ley General de Educación, máxima conquista histórica de Fecode, han sido vilipendiadas por un comité servil a la agenda electoral de una cofradía que, manipulando los anhelos de cambio del pueblo colombiano, se ha puesto al servicio de sus verdugos, permitiendo avanzar como ningún otro gobierno la agenda imperialista en Colombia.
El Comité Ejecutivo de Fecode permitió a Petro, como a ningún otro gobierno desde 1989, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo —que además defendió en las calles— de un artículo que convertía al Fomag en un banco estatal, destruyendo el régimen prestacional del magisterio. Afortunadamente, este artículo fue retirado en el Congreso.
El Comité Ejecutivo de Fecode permitió a Petro, sobre la base de falsedades y evidenciando un profundo desconocimiento del régimen prestacional del magisterio, no solo proponer su transformación, sino también iniciar acciones concretas para tal fin, siempre con el respaldo de Fecode, con las nefastas consecuencias que hoy son de público conocimiento.
El Comité Ejecutivo de Fecode permitió a Petro, prácticamente, paralizar la implementación de la Jornada Única, logro por el que el magisterio luchó y que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se convirtió en un compromiso estatal efectivo con la educación pública.
Actualmente, el Comité Ejecutivo de Fecode permite y colabora con Petro para engañar a los trabajadores colombianos mediante una consulta popular que únicamente busca engrasar la maquinaria electoral del Pacto Histórico con recursos estatales. Los maestros y maestras de Colombia debemos intensificar la crítica al Comité Ejecutivo de Fecode, que ha conducido a la Federación a la bancarrota moral y política por su sumisión al gobierno de Gustavo Petro. No lo hacemos para satisfacer el sueño reaccionario de su desaparición, sino para mantenerla en pie y devolverle el vigor necesario para asumir la tarea que nos convoca: defender a Fecode de la destrucción petrista y devolverle su papel protagónico en la lucha por una educación nacional, científica, democrática y al servicio del pueblo colombiano.
