El país acaba de salir de un paro camionero en el marco del alza del combustible ACPM (Diesel), donde sectores del gremio camionero y el Gobierno Nacional negociaron el proceso de incremento de este combustible progresivamente. El Gobierno de Petro, en menos de dos años, aumentó el precio de la gasolina en un 70 %. Este es uno de los gobiernos que más ha aumentado el precio. Con la nueva reforma tributaria, bautizada con el eufemismo de Ley de Financiamiento, amenaza incrementar este combustible, bajo el eslogan de impuestos verdes, que sin duda impactará la canasta familiar, y generará una afectación al empresariado nacional. Por cuanto, el aumento crearía sobrecostos en la compra de insumos y transporte para la producción.
El empresariado colombiano está precarizado por las políticas neoliberales de anteriores y del actual gobierno. De acuerdo a la firma Informa Colombia para 2024 creo 51.827 empresas, 30c% menor a 2023 (74.143) y 42 % menos que 2022 (88.742). A esto se le suma el incremento de los cierres de empresas nacionales en los últimos años. Para el primer trimestre 2021, quebraron 22.674 empresas; en el 2023, fueron 22.469 y en 2022, 27.960 empresas. Estos datos demuestran que la creación de empresa o formalización va en detrimento, dada las circunstancias de la economía actual y la política neoliberal que se ha venido impregnado en el país. El deterioro del tejido empresarial va de la mano con el decrecimiento del PIB nacional, que para el 2022 fue de un 7,5%, para el 2023 un 0,6% y, al segundo trimestre va en 2,1. ¡Lánguido!
Si bien varios economistas han planteado que está desaceleración es consecuencia de la pandemia y de la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cierto es que el panorama nacional arrastra más de 3 décadas de apertura económica y varios tratados de libre comercio. Además, el desamparo a la industria nacional, que está a merced de importaciones subsidiadas y sin políticas de protección al sector. Sin duda un mayor aumento en el ACPM representara para el tejido empresarial colombiano ralentizar su desarrollo y acelerar su crisis.
La idea de ajustar el precio de los combustibles a los precios de exportación nace de una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años noventa. Antes de 1996, el precio de la gasolina y diésel se ajustaba por el costo de extracción y producción de Ecopetrol y sus refinerías. Luego de la intervención del FMI, el precio del combustible local se alineo con los precios internacionales de exportación cambiando el cálculo que se tenía sobre los precios.
Así, el Gobierno Petro busca quitarse responsabilidad por medio de mentiras y engaños. En principio, el Gobierno manifestó que se necesita cerrar el hueco fiscal creado por el FEPC (Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles). Cabe mencionar que el FEPC fue creado en el Plan de Desarrollo Nacional de 2007 en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que gobiernos posteriores, incluyendo el actual le dieron continuidad. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, la creación del FEPC buscaba alinear los precios nacionales con los extranjeros y evitar un alza desmedida de los combustibles locales que pudiese afectar al consumidor que en la práctica genero el efecto contrario.
No resta aclarar que Colombia es un país productor neto de hidrocarburos y exportador de petróleo, razón por la que no se hace necesario la importación de crudo, entonces ¿Si somos un país autosostenible, productor y exportador, teniendo costos mínimos de producción por qué debíamos alinear nuestros precios como si fuésemos un país dependiente del combustible extranjero?
El Gobierno tiene la solución en sus manos: ajustar el precio de los combustibles de acuerdo a los costos de producción y no a unos estándares extranjeros. Lo que permite eliminar al FECP, y por consiguiente, el déficit, dado que no existe acuerdo o ley que obligue al gobierno a seguir los lineamientos del FMI en cuanto estandarizar de los precios de la gasolina y el ACPM a costo internacional.
Ahora bien, mediante el incremento planteado en la segunda reforma tributaria del Gobierno Petro y número 21 desde hace 30 años, el gobierno buscara extraer más recursos de la población mediante traslados a Ecopetrol e impuestos verdes que pagan en los combustibles. Petro ha demostrado la voluntad política de perpetuar la política continuista, neoliberal y servil a los intereses del capital estadounidenses, al recargar la crisis sobre el pueblo colombiano y marchitar más el sector productivo al que le exprimirán 12 billones de pesos.
