El nuevo inquilino del Palacio de Naín anunció en su cuenta de X -a propósito de un encuentro con el sector del turismo- que su gobierno va a “crear el instituto de Fomento y promoción del turismo, patrimonio y cultura” (Zuleta, 2024). Con este embeleco neoliberal, siguiendo la línea de su antecesor, Erasmo Zuleta demuestra que su percepción de la cultura no va más allá de la oportunidad de hacer negocios con ella. Negocios en los que hacedores de cultura y tenedores de saberes son mantenidos en el olvido, mientras los recursos del Estado se orientan a garantizarle la máxima ganancia a los mercachifles de la cultura.
Del citado trino del gobernador se desprenden dos pésimas noticias para los cordobeses: la primera, la puesta en práctica, como eje de gobierno, de una política de patrimonialización de la cultura desde la óptica, no de la salvaguardia y la circulación, sino del turismo, canto de sirena con el que se pretende suplir el fracaso económico de todos los gobiernos departamentales contados desde la primera vez que se cantó bandera cordobesa, despliégate triunfal. La segunda, la entronización de la Disneyficación como única política cultural en el departamento de la décima, el porro y el bullerengue.
¿Por qué deberíamos oponernos con ahínco a ambas cosas?
Los bienes comunes que entretejen la red identitaria que los cordobeses podemos denominar cultura, son producto de la interacción permanente entre las comunidades y el territorio. Como tales, no son, por tanto, algo que existió en otro tiempo y que se perdió, sino algo que se sigue produciendo continuamente (Harvey, 2012, p. 121). Por lo tanto, las acciones de salvaguardia constituyen el principal abordaje que cabría esperar de gobiernos verdaderamente comprometidos con la cultura.
Esta salvaguardia no implica el esfuerzo chovinista por inmovilizar nuestros bienes comunes culturales, sino por el contrario, presupone el necesario reconocimiento de que estos representan la relación social inestable y maleable entre cierto grupo social autodefinido y los aspectos de su entorno social y/o físico, existente o por ser creado, considerada sustancial para su vida y pervivencia (Harvey, 2012, p. 115). En otras palabras, lo que somos en tanto somos.
El peligro que se cierne sobre nuestros bienes comunes culturales radica en su conversión en mercancía transable, objeto de consumo baladí, que enriquece a quien puede montar hotel y organizar la feria, y mantiene en la pobreza a quien se ha construido como ciudadano en torno a determinado bien común.
Con los bienes comunes, incluso —y particularmente— cuando no pueden ser vedados, siempre se puede hacer negocio, aunque no sean de por sí una mercancía. El ambiente y atractivo de una ciudad, por ejemplo, es un producto colectivo de sus ciudadanos, pero es el sector turístico el que capitaliza comercialmente ese bien común (Harvey, 2012, p. 116).
Sin fomento a la creación, la investigación, la salvaguardia y la circulación, la política cultural que parece proponer Erasmo Zuleta se orienta a convertir nuestros bienes comunes culturales en capital simbólico para su explotación turística, lo que necesariamente implica el descarte y marchitamiento de aquellas manifestaciones que no encajen en el modelo.
Así, nuestra cultura será puesta en manos de agentes de la Disneyficación, es decir, de aquellos que privilegian el desfile fugaz del turista gringo, sobre la producción continua de nuestra identidad colectiva a través, por ejemplo, de nuestros festivales.
Todavía no pasa un mes desde la llegada de Erasmo Zuleta al Palacio de Naín, pero desde el desayuno, se sabe cómo será la cena.
