El Distrito atenta contra el desarrollo productivo y empresarial de la capital del país. La Alcaldía Mayor de Bogotá se encuentra implementando una medida por medio de la Secretaría de Movilidad y el operador privado Terminal de Transporte que amenaza con incrementar los costos de vida de los ciudadanos y profundizar la crisis del tejido empresarial bogotano, que año tras año se ha visto deteriorado.
Bogotá no solo es el centro político de Colombia, sino que además abarca una gran parte del tejido empresarial del país, que se ha visto disminuido mediante el paso del tiempo y el incremento de la crisis. Para el 2022, Bogotá asumía el 26,5 % de las empresas del país. Esta cifra disminuyó al 24,7% en el 2023, viéndose esto reflejado en el crecimiento del PIB de la capital, que de acuerdo a la Cámara de Comercio pasó de crecer en 3.8% en el año 2022 a un 3.1% en el 2023.
De las 391.000 empresas existentes en Bogotá, más del 90% son microempresas. De ellas, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aproximadamente la mitad reposa sobre la informalidad y el 54% de mipymes están constituidas sobre el sector de servicio, mientras que el comercio ocupa un 32,4% y el sector industrial un 13,5%. Este panorama es una evidencia del deterioro del aparato productivo y empresarial en la ciudad.
En medio de esta crisis que se ha venido acentuando en Bogotá en las ultimas décadas, se ha estado gestando un proyecto desde el 2017 denominado Zonas de Parqueo Pago (ZPP) que busca cobrar el uso del suelo en varias calles y carreras de Bogotá, generando una afectación en las aglomeraciones comerciales. Durante el diseño de este proyecto se tiene estipulado cobrar el estacionamiento de carros en vías públicas sin garantizarles un mínimo de seguridad, con el riesgo de que pasado el tiempo pago de parqueo se le ponga un cepo al vehículo, el cual deberá ser pagado por el propietario junto con el tiempo corrido que estuvo el carro inmovilizado en la zona de parqueo.
Está medida desincentiva la visita de compradores a estos sectores comerciales. Además, con el alza del combustible, los impuestos, la inflación y los seguros, ¿cuántos estarán dispuestos a que se les cobre el uso del suelo con riesgo a tener una multa? Por otro lado, esto le generará dificultades logísticas además de mayores costos a las empresas en el proceso de cargue y descargue de sus productos e insumos. Seguramente los cálculos de la alcaldía se limitan al recaudo de esta medida y no abarcan la afectación económica que ocasionará sobre el tejido empresarial de Bogotá.
Ahora bien, esta medida no solo pone en riesgo el desarrollo económico de la ciudad, sino que adicionalmente contribuye al modelo Transmilenio que ha desfalcado a la ciudad por años. En el artículo 5 del acuerdo 659 del 2017 y en el artículo 4 del decreto 379 del 2021, mediante los cuales se reglamentan las ZPP, se especifica que los recaudos estarán destinados para el funcionamiento y mantenimiento de dichas zonas y los excedentes traspasarán al sistema de transporte público (SITP). De esta forma no solo atentarán contra el empresariado bogotano, sino que buscarán seguir enriqueciendo a los operados privados del SITP a costas de un nuevo impuesto regresivo para la ciudadanía.
El Distrito ha demostrado una vez más que su prioridad no es el desarrollo económico de la ciudad ni disminuir los niveles de pobreza, sino mantener la estructura neoliberal que ha desfalcado a la ciudad y cuyo peso ha caído en la ciudadanía. Bajo este esquema será imposible avanzar en la formalización de empresas y el crecimiento de las mipymes y consigo aumentar el presupuesto del PIB de Bogotá. Esta medida profundizará más la desigualdad, desempleo e informalidad en la ciudad.
Frente a este panorama es imprescindible la organización del empresario bogotano con el fin de defender sus derechos, intereses y existencia, como bien ya lo ha hecho ASOTEXCO, asociación de empresarios que en el barrio de La Alquería en Bogotá D.C., que ha logrado detener medidas y proyectos que atentaban contra la economía del sector y que por el contrario ha realizado acuerdos institucionales que le han permito al textilero bogotano mejorar sus condiciones de negocios. Solo la organización de los empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas permitirá detener medidas regresivas de la ciudad y del país que por años han sometido a la industria nacional a la desaparición.
